Esta semana ha tenido gran eco el informe firmado por tres expertos independientes de la ONU sobre las llamadas “leyes de concordia” de Aragón, Castilla y León, y Valencia.
Estos expertos independientes forman parte de lo que en la ONU se llama “procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos”. Este sistema tiene mandatos temáticos (sobre la alimentación, las minorías, los niños soldado, el derecho a la educación… y así hasta 46 temas) y mandatos geográficos (sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Siria, Rusia, Corea del Norte y así hasta 14 países que se consideran especialmente necesitados de seguimiento). Los expertos independientes asesoran al Consejo sobre las distintas materias de su incumbencia e informan a la comunidad internacional.
No es extraordinario que varios expertos firmen conjuntamente un informe, pero tampoco es algo cotidiano, de modo que el hecho de que este informe venga suscrito por tres titulares de mandatos temáticos relacionados con el problema de que se trata (expertos sobre los principios de verdad, justicia y reparación; sobre desapariciones forzadas; y sobre ejecuciones extrajudiciales) le otorga innegable peso político en el ámbito internacional.
En relación con la Ley aragonesa, que es la única de momento aprobada en el marco de la alianza PP y Vox que gobierna la comunidad, el informe lamenta que no haga referencia a las “graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (…) mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República”.
Los expertos lamentan que la Ley suprime proyectos que estaban en la anterior normativa, tales como “el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática, el Inventario de lugares y rutas democráticas, el Centro de Investigación de la memoria, el Registro de entidades de memoria, las actuaciones en el ámbito educativo, y los elementos de identificación interpretación, señalización y difusión”. Los expertos también lamentan que se suprima la referencia a la “web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, el cual incluye un mapa de fosas comunes e información sobre los lugares de memoria democrática”. El informe incluye más puntos, pero sirvan estos a modo de ejemplo. Cosas parecidas se replican sobre las leyes que esperan su proceso parlamentario en Castilla y León y en Valencia.
En la rueda de prensa organizada tras conocerse la noticia, el gobierno aragonés mostró su rechazo y su enfado por lo que entiende como falsedades, pero de pronto, al menos sus miembros del PP, han asegurado que algunas de las medidas que quedaban retiradas por la Ley (censo de memoria democrática, las rutas de memoria, banco de ADN, el mapa de fosas o la web) se van a mantener. No me parece suficiente, puesto que la ley está precisamente para dar formalidad, garantía y seguridad a todo lo que se haga, pero en todo caso muestra quizá que este tipo de denuncias internacionales tienen su impacto.
Esta noticia se recoge entre nosotros, en Euskadi, con cierta tentación de mirar por encima del hombro a una democracia española con partidos a los que les cuesta reconocer y condenar que la dictadura franquista fue eso: una dictadura ilegítima que vulneró los derechos humanos. Pero me andaría con cuidado a la hora de dar lecciones a otros. Nuestra Ley 4/2014 dice que “a lo largo de los últimos cien años la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos”. Todavía no hace quince días nuestro Parlamento ha sido elegido con un importante grupo incapaz de decir y condenar que el terrorismo de ETA ha sido eso: terrorismo ilegítimo que ha vulnerado derechos humanos. Las víctimas de ETA, muchas con casos sin resolver o aclarar, tienen también derecho a la memoria, la verdad y la justicia.
