La incineradora preocupa a Bizkaia

Donostia. La confirmación de que el Ejecutivo de Martin Garitano pedirá una moratoria para el proyecto de la incineradora no solo ha causado revuelo en Gipuzkoa, sino también en Bizkaia. El motivo es que este último territorio lleva tres años recibiendo 25.000 toneladas anuales de basuras procedentes de Gipuzkoa, y el contrato que regula esta actividad no contempla, ni de lejos, la posibilidad de una moratoria.

Es más, dicho contrato fue concebido como una medida provisional hasta la puesta en marcha de la incineradora, ya que tras el cierre de San Marcos, los otros tres vertederos de Gipuzkoa eran incapaces de absorber las 400.000 toneladas de residuos que se generan al año en el territorio. De ahí que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y la Diputación de Bizkaia firmaran un convenio para dar salida a las 25.000 toneladas de excedentes, al tiempo que la entidad competente de los residuos en Gipuzkoa (GHK) daba forma al proyecto de la incineradora de Zubieta.

Sin embargo, ahora, la confirmación de una moratoria pone del revés los planes iniciales, ya que el convenio vigente expira el próximo mes de mayo, y la Diputación de Bizkaia ha advertido de que solo cabe la posibilidad de prorrogarlo "por causas justificadas". Dicho en otras palabras, que no aceptaría ampliar el convenio por una moratoria de la incineradora.

Según ha podido saber este diario, el Departamento de Medio Ambiente de Bizkaia ha intentado sin éxito contactar con la Diputación de Gipuzkoa para conocer sus planteamientos y tomar las decisiones pertinentes. Primero lo intentó por escrito y después, por teléfono; pero el diputado vizcaino Josu Madariaga sigue sin obtener respuesta de su homólogo guipuzcoano, Juan Carlos Alduntzin.

El convenio sigue vigente

Críticas de la oposición

Desde el Gobierno foral de Bizkaia indican que el convenio seguirá vigente en la medida en que las obras de la incineradora sigan su curso. Y en principio, todo parece indicar que los trabajos seguirán adelante, ya que el propio Aldun-tzin anunció el miércoles que aunque se procediera a la moratoria, "se continuarán ejecutando las infraestructuras que no generan polémica".

Lo cierto es que el titular guipuzcoano de Medio Ambiente apenas concretó los detalles de la moratoria: ni cuándo comenzaría ni por cuánto tiempo se prolongaría. Y ello no hizo más que aumentar las incógnitas que existían anteriormente en torno a la infraestructura de Zubieta.

Por un lado, toda la oposición de las Juntas Generales de Gipuzkoa, salvo Aralar, criticó la decisión al considerar que va contra del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) que aprobó la Cámara en la pasada legislatura. Además, mostraron su preocupación por los costes económicos que acarrearía aplazar las obras.

Alduntzin aseguró que el coste de la moratoria sería "cero", pero tanto el PNV, como el PSE y el PP advirtieron de que habría que pagar a las adjudicatarias de la obra (la UTE formada por FCC y Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria y AE&E Inova), así como al Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banesto y La Caixa, las tres entidades que se comprometieron a financiar los 223 millones de la operación.

Y por otro lado, la polémica se extiende a Bizkaia, donde el grupo popular de las Juntas Generales presiona a la Diputación para que solicite "una reunión urgente" de la Comisión de Seguimiento del convenio firmado con Gipuzkoa para valorar la situación. El citado grupo ha presentado una moción en las Juntas Generales instando al Gobierno foral de Bizkaia a comprobar si hay retrasos en el proyecto de la incineradora y "finalizar automáticamente el convenio en mayo de 2012" si estos no están justificados.

Lo cierto es que mientras el debate sigue a un lado y a otro de la muga entre los dos territorios, las obras de construcción de la planta continúan con normalidad. Y es que las empresas adjudicatarias no han recibido una orden de alto, por lo que las máquinas siguen trabajando como lo han venido haciendo en los últimos meses.

Aunque las incógnitas sigan sin resolverse y la Diputación no responda muchas cuestiones, todo apunta a que en los próximos días se conocerán más detalles, ya que el proyecto de la incineradora está en el centro de las negociaciones presupuestarias entre Bildu y la oposición. El partido que más cerca podría estar de conseguir un acuerdo es el PNV, pero para ello, ha exigido el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos en la pasada legislatura con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Se trata de una partida de 18 millones destinada a financiar la operación de la incineradora, cuando el borrador económico de Bildu solo reserva seis millones para tal efecto y periodifica el resto hasta 2015.

Tanto el diputado general, Martin Garitano, como el portavoz jeltzale, Markel Olano, se han mostrado favorables al diálogo y al entendimiento. Habrá que esperar para ver cómo solucionan este escollo.