Las instituciones vascas estrechan el cerco a las pensiones ilegales y clandestinas

Donostia. Habitaciones con encanto, piso muy próximo a la playa… El fraude campa a sus anchas en Gipuzkoa detrás de cada uno de estos anuncios, que prometen al turista lo que no hay. El cliente llega y se encuentra un tugurio de lo más insalubre. "Sólo había una ducha por piso, y era necesario hacer una cola de 40 personas. Pagué por ello 40 euros", denuncia a través de Internet uno de tantos visitantes estafados. "Es increíble la imagen que estamos dando", confesaba ayer a este periódico Mikel Ubarrechena, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.

El eco del malestar que sobrevuela desde hace tiempo en el sector llegó ayer al Parlamento Vasco, que ha instado a los servicios de inspección tributaria de las haciendas forales y al Gobierno Vasco a reforzar el control inspector de los establecimientos que quieren hacer su agosto a través de la competencia desleal a las empresas dadas de alta como Dios manda.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa denunció esta situación el año pasado. Y, de algún modo, destapó la liebre. Nada más alertar de esta actividad fraudulenta, la agrupación recibió un aluvión de llamadas de vecinos que decían acoger en su portal pensiones de este pelaje, en las que se sucedían movimientos "extraños" que no acaban de tener su encaje legal.

La asociación tomó cartas en el asunto y, desempeñando una labor casi detectivesca, elaboró un dossier que recogía una lista con un sinfín de pisos ilegales anunciados en Internet. El primer informe presentado daba cuenta de casi un centenar de negocios fraudulentos. Esta información fue remitida al Ayuntamiento de Donostia, en concreto, al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Enrique Ramos.

La asociación determinó que el abordaje más apropiado sería el fiscal, que es por donde finalmente ha actuado el Parlamento Vasco. Para concretar esta cuestión, se celebrará el martes que viene una reunión entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia, la Asociación de Empresas Hoteleras de Gipuzkoa, Aspagi, y la de hostelería.

Regular el sector La iniciativa aprobada ayer, apoyada por todos los grupos, es una enmienda transaccionada entre PSE-EE, PNV y PP, a una proposición no de ley de los populares en la que se reclamaba la regulación de los alojamientos de viajeros en habitaciones particulares, con el fin de evitar las "pensiones ilegales".

El objetivo es dar caza a los establecimientos clandestinos. "No tenemos nada en contra de nadie, pero existe una normativa y hay que cumplirla", recalca Ubarrechena, preocupado por un doble motivo: la competencia desleal y la imagen que se está dando del territorio.

El informe presentado por los hosteleros guipuzcoanos recoge, en concreto, un total de 95 pensiones ilegales que no tienen desperdicio. "Nosotros mismos nos pusimos en contacto como si fuéramos clientes interesados. Hablaban de habitaciones con once camas, algo ilegal, lo que implicaba además que hubiera literas en el suelo". Lo más lamentable de esta situación son los testimonios que van dejando los turistas en Internet una vez que han caído en las garras del engaño y regresan a sus casas enojados y, con toda probabilidad, con pocas ganas de regresar. "Pésimo. Me parece una vergüenza que haya sitios así. Creo que el lugar carece incluso de licencia porque es imposible que ningún organismo autorice algo así. Insalubre, indescriptible, ruinoso", denuncia un visitante tras sus vacaciones en Donostia. Otra de las quejas refiere lo siguiente: "Había personal drogado, el lugar era sucio, había habitaciones de seis personas…".

Para zanjar esta situación, el Parlamento Vasco ha emplazado también al Ejecutivo de Patxi López a regular los establecimientos de alojamiento turístico, de manera conforme a las directrices europeas.

En este sentido, la parlamentaria socialista Joana Madrigal recordó que el calendario legislativo del Gobierno Vasco prevé la modificación de la Ley de Turismo, para adaptarla a las directivas europeas. Esta modificación incluirá la adaptación de los decretos que regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y casas rurales.